Redacción -
Madrid.-
L a Comisión
de Seguimiento del Plan de Aislamiento Acústico del aeropuerto
Madrid-Barajas (CSAM) aprobó ayer por sorpresa la huella
sonora de la cuarta y quinta pista del aeródromo madrileño
durante una reunión mantenida con los representantes de los
municipios afectados por las obras de ampliación del aeródromo
madrileño, a excepción de Coslada. La aprobación de la huella
sonora no estaba incluída en el orden del día de la reunión,
algo que provocó el enfado de la alcaldesa de San Fernando de
Henares, Montserrat Muñoz (IU), que alegó al respecto que esto
demuestra que «la voluntad del Ministerio de Fomento y de
Medio Ambiente era aprobar la huella costara lo que costara, y
pasando por encima de lo que hubiera que
pasar».
Durante el encuentro, los
alcaldes afectados plantearon la necesidad de articular el
mismo baremo para la insonorización como para las limitaciones
en la construcción, es decir, 60 decibelios por el día y 50
por la noche. Asimismo, apuntaron que debería tratarse de una
huella provisional, de forma que se pudieran estudiar posibles
modificaciones y que ésta se elaborara sobre la cartografía
actual y no sobre la de 1999, la empleada para hacer la
huella.
Sin embargo, y según la
Administración, las nuevas huellas acústicas reflejan el ruido
producido por las operaciones aeronáuticas en el entorno del
aeropuerto y representan una reducción global del impacto
acústico por el uso de aviones menos ruidosos, una mejor
distribución de las operaciones al disponer de cuatro pistas
de vuelo en lugar de las dos actuales y nuevas trayectorias de
salida y aproximación de los aviones.
El
hecho de que la huella sonora se haya aprobado de manera
sorprendente en una reunión en la que no estaba previsto
tratar este asunto indignó a Muñoz, que aseguró que esta
situación «genera indefensión a nuestros vecinos, se incumple
toda la normativa legal, y, además, se vulneraba la calidad de
vida». Todos los municipios asistentes han votado en contra de
la huella, a excepción de Paracuellos del Jarama, que lo ha
hecho a favor. El siguiente paso que van a tomar los
municipios afectados va a ser recurrir esta decisión, hablar
con los responsables políticos y agotar todas las
posibilidades legales.
En el caso de que
no haya ningún cambio en la situación, cuando se conozca el
dictamen del Parlamento Europeo, los alcaldes aseguraron estar
dispuestos a acudir al Tribunal de Estrasburgo. La próxima
semana, estas localidades se volverán a reunir para definir su
línea de actuación, informa Efe.