Cuatro familias de la calle Rafael Alberti, en Lakua, acaban de ganar una batalla ciudadana. A finales del año pasado levantó la persiana un gimnasio de 300 metros cuadrados en los bajos de sus viviendas. Al mes de su inauguración, han logrado que el Ayuntamiento lo cierre por «múltiples deficiencias».

La que más molestaba a los vecinos era su «escasa insonorización». Nada más abrir, la música del Universal se coló por las viviendas contiguas «a unos niveles intolerables», cuentan varios afectados. Por ello, decidieron denunciarlo en el Consistorio que, con anterioridad, había concedido las pertinentes licencias de construcción y actividad al propietario de las instalaciones.

Tras las quejas vecinales los inspectores municipales examinaron el equipamiento y descubrieron entonces varias irregularidades. Las más flagrantes: una segunda planta «ilegal», la ausencia total de ventilación y una insonorización deficiente. Una serie de problemas «graves y de muy difícil arreglo», subraya el Ayuntamiento.

Quizás lo más curioso de este caso es que el propietario de la instalación, un licenciado en Administración de Empresas de 26 años, da la razón en buena parte a la Administración municipal y a los vecinos. «Yo desconocía las normativas. Contraté el proyecto a un arquitecto al que ahora demandaré por haberme arruinado», afirma Aritz Arrieta.

841.400 euros

El joven ha invertido en el gimnasio 841.400 euros (140 millones de las antiguas pesetas) y está persuadido de que será «muy difícil arreglar las deficiencias». Él mismo reconoce que algunos de sus primeros clientes «se desmayaron al sufrir lipotimias por la falta de ventilación».

Ahora ha solicitado ayuda al colegio de arquitectos para que periten la obra. No tiene previsto emprender ningún tipo de acción contra el Ayuntamiento, pese a haber aprobado en un principio el proyecto arquitectónico tachado ahora de ilegal. «El problema es que la normativa referente a gimnasios es muy ambigua. No te indica unos máximos de insonorización como en los bares», subraya Arrieta.

El gimnasio Universal no es la única instalación cerrada por los vecinos de Vitoria. En los tribunales aún colea un proceso iniciado hace cinco años. En febrero de 1998, residentes de la urbanización de Areitio exigieron al Ayuntamiento la paralización de las obras de un asador que se construía en la calle Castilla. A su juicio, la chimenea y los conductos de ventilación incumplían la normativa. Pero las obras siguieron. El asador llegó incluso a servir comidas durante quince días. Pero los vecinos lograron la clausura del local. Los propietarios han recurrido el caso al Tribunal Supremo de Justicia.