El Ayuntamiento de la Pobla Llarga permitió, al no tomar ninguna medida, que el exceso de ruido de un bar perjudicara a una familia y quebrantara su derecho constitucional al descanso. La afirmación, confirmada ahora por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), condena al consistorio a indemnizar con 18.000 euros a los tres perjudicados, un matrimonio y su hijo.

La familia, residente en la calle Emilio Cremades, sufrió durante un largo tiempo el escándalo originado por la actividad en un bar ubicado en el número siete de la vía. El exceso de ruido provocó que el progenitor sufriese una baja laboral a causa de la ansiedad y los trastornos originados en la falta de sueño.

En septiembre de 2002, los afectados reclamaron al ayuntamiento que actuaran en el bar para acabar con las molestias y que les indemnizaran con 50.000 euros. El consistorio lo rechazó, pero el juzgado de lo contencioso-administrativo número cuatro condenó al consistorio a pagar 18.000 euros a la familia.

Los vecinos de la Pobla reclamaron más dinero ante el TSJ, pero este confirma la cantidad y la condena al ayuntamiento por vulnerar un derecho fundamental de los afectados.