Contaminación acústica cero. Este es el objetivo de la nueva ordenanza contra el ruido del equipo de Ruiz-Gallardón. Sin embargo, este proyecto, que se presentó ayer a la oposición, ha nacido ya con el rechazo de IU y PSOE, que critican su carácter punitivo y recaudatorio.

Según el concejal socialista Pedro Zerolo se trata de una ordenanza “inaplicable” y “propagandística”. Por ejemplo, se aumentará la cuantía de las multas a los conductores que toquen el claxon indebidamente en un 3.600% (pasan de los 330 euros que como máximo impone la ordenanza vigente hasta los 12.000 que prevé la nueva). Esta nueva medida choca con que en realidad, según Zerolo, “hasta la fecha ni el Gobierno de Álvarez del Manzano ni el de Gallardón han sancionado a ningún madrileño por tocar la bocina”.

Guerra a las sirenas y alarmas
Pero el tráfico no será el principal campo de batalla del Ayuntamiento, sino las sirenas y alarmas. El borrador de la ordenanza prevé que, para instalar cualquier sistema de alarma o sirena (dispositivo instalado en un vehículo móvil que tenga por finalidad advertir de que está realizando un servicio urgente) será necesaria la autorización previa de la Concejalía de Medio Ambiente.

Así las cosas, las ambulancias tradicionales tan sólo podrán utilizar avisos luminosos. Además, deberán instalar un mecanismo de registro y control del uso de la sirena, que permitirá controlar el número de veces y la hora en que se ha utilizado el sistema.  
Tras analizar las nuevas medidas, el PSOE anunció que enmendarán varios artículos. Pedirá que no se excluya a los vehículos municipales de recogida de basura de cumplir con los límites acústicos establecidos para el resto de los camiones de transporte y que todas las obras que se levanten en la capital, sin ninguna excepción, cuenten con cerramientos acústicos y con la instalación de silenciadores.

“Un ‘remake’ de la existente”

La portavoz municipal de Medio Ambiente de IU, Concha Denche, considera que la nueva ordenanza tiene un carácter “más sancionador que educativo” y que no es más que “un remake de la ya existente”. Los locales de ocio son, en su opinión, los más perjudicados, puesto que se les “exige apagar la música media hora antes del cierre autorizado e instalar un vestíbulo doble”. Denche solicitará mapas acústicos de zonas especialmente castigadas, como el PAU de Carabanchel.